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¿Por qué apesta tanto el caso del Presidente de Murcia?

Por Francisco Blanco

El juez Instructor del Caso Auditorio corrige su auto de imputación emitido el lunes por el que citaba como imputado al Presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez (Pp) por un delito de prevaricación administrativa, y lo amplia a 4 delitos : prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. (ver auto)

Desde que se conoce la imputación todos los partidos de la oposición están pidiendo la dimisión del Presidente murciano, tal y como él mismo se comprometió hacer si se daban las circunstancias anteriormente citadas. Por supuesto la dimisión aun no ha llegado, pero para no perdernos en el asunto hagamos un poco de memoria porque el caso apesta bastante. No sólo por la falta de palabra y cualquier tipo de compromiso por parte del propio imputado, esto ya nos lo podíamos esperar más viniendo del Pp, sino por las evidencias de intromisión reiterada de determinadas instituciones del Estado en el procedimiento con el único fin de proteger al imputado por cuestiones políticas.

Caso Púnica

En la primavera del 2016 se filta un informe de la Guardia Civil en el que se pedía la imputación de Pedro Antonio Sánchez por el caso Púnica, en concreto por contratratar con el conseguidor de la trama pudiendo incurrir en malversación y fraude. Desde entonces el Ministro de Justicia (de todos los españoles) Rafael Catalá ha dedicado todos su esfuerzos a la defensa del Presidente murciano, a través de sus declaraciones públicas y, como todo hace pensar, con sus actuaciones a través de la fiscalía.

Fiscalía General

La fiscalía anticorrupicón, haciendo de nuevo de abogado defensor,  hace público su criterio por el que no está de acuerdo con el escrito realizado por el juez Eloy Velasco en el que imputa tres delitos a Pedro Antonio Sánchez. Aun así, “las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez enviaron un informe al juez en el que aseguraban que el presidente de Murcia y otros miembros de la trama elaboraron un “plan criminal” para “desviar” dinero público a las empresas de De Pedro.” (elDiario.es)

Mientras esta lucha de poderes se llevaba a cabo en la fiscalía, el presidente de Murcia (que no se caracteriza por mantener la boca cerrada), revelaba en una entrevista que conocía el criterio de los fiscales del Supremo sobre su situación procesal, antes de que estos fueran comunicados de manera oficial. Estas declaraciones ponen de manifiesto un escándalo que, de quedar probadas, hablarían de filtraciones directas desde la Fiscalía General o desde el Ministerio de Justicia para dotar de ventaja a un presunto delincuente a la hora de orquestar su defensa pública y privada.

La dimisión

Las repercusiones políticas de todo este escándalo no se han hecho esperar. El Partido Popular cierra filas sobre el tema, y enarbola la “presunción de inocencia” para exonerar, de momento, de toda responsabilidad política a Pedro Antonio Sánchez. En el otro lado de la balanza está Ciudadanos, partido que hizo posible, a través de un pacto de investidura, que Pedro Antonio Sánchez sea hoy Presidente de Murcia.

Mientras el procedimiento judicial toma forma definitiva, el debate político apremia. La cuestión es: en el caso de no producirse dimisión del señor Sánchez de su cargo, tal y como prometió públicamente y firmó en su pacto de investidura, ¿qué hará Ciudadanos?

A) Retirarle su apoyo y organizar una moción de censura con el resto de partidos.

B) Abrazar a opositores venezolanos.

 

1 Comment
  • Juan Antonio Doncel Luengo

    5 marzo, 2017 at 8:11 am Responder

    Pero Ciudadanos ha propuesto una solución que tú no expones: que el PP proponga otro candidato. Porque el compromiso de C’s es no apoyar a imputados por corrupción (véase caso andaluz), no es no apoyar al PP (véase Madrid o tantos ayuntamientos). Lo cual es compatible con seguir abrazando a opositores venezolanos, aunque no con organizar una moción de censura con el resto de los partidos, que entiendo sería la última solución si el PP no acepta la anterior, y que no está, como es obvio, exenta de dificultades no sólo para implementarse, sino, una vez mantenida, para ejecutarse y mantenerse. Por último, y por aportar algo más que opinión personal, quiero recordar que el Estatuto de Autonomía de Murcia prevé, tras su última reforma y con limitaciones temporales significativas, la posibilidad de disolver su Asamblea anticipadamente y convocar elecciones, lo que es una solución estándar en los regímenes parlamentarios.

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